Dictaduras Latinoamericanas en el siglo XX
En América Latina, Las dictaduras militares precisamente, complementan una particularidad difícil de explicar, puesto que podrían entenderse como la consecuencia de un derrotero común en la formación ideológica, que nos infunde una especie de vocación hacia las dictaduras. Por lo mismo, tal vez es probable hablar de dictaduras militares unificadas en una sola descripción que se adapta a todas las experiencias.
Para nuestros propósitos esta convergencia de poder político y económico establece marcadas jerarquías sociales, que definirán un modo de entender la sociedad latinoamericana. De manera que en algunas regiones la explotación de los sectores sociales bajos, mediante el sistema de inquilinato (agrícola) o el esclavismo (cafetalero) favorecieron a la construcción de una idea de poder político-económico centralizado, hegemónico, paternalista, alrededor del cual se ampara la población, en una relación de supervivencia, que comprendía además la fidelidad y sumisión, trascendiendo de lo material, hacia lo ideológico. Bajo el orden conservador, el objetivo y resultado principal de la dominación oligárquica era reproducir la fuerza de trabajo rural y permitir su explotación. A partir de los últimos decenios del siglo XIX; el campesinado, además, comenzó a proporcionar al sector terrateniente otro tipo de recursos como: los votos. El control de los sectores campesinos más subordinados convertiría gradualmente al terrateniente en el único sector de las clases dominantes que, además de estar económicamente relacionado a un sector social subordinado, podía utilizarlo, en forma estable, como masa de maniobra en las contiendas electorales. Esta circunstancia iba a tornarse particularmente importante a partir de 1920 con el proceso de progresiva apertura democrática[1].
Es importante destacar que en este periodo los terratenientes explotaron, económicamente, el modelo monoproductor. La aguda dependencia de la exportación de monocultivos tales como el café y el azúcar en Centro América, el salitre y el estaño en América del Sur, hacia una Europa en expansión, generó posteriormente la crisis económica durante la primera guerra mundial, cuando este viejo continente redujo considerablemente el nivel de importaciones arrastrando consigo el derrumbe del modelo monoexportador, el empobrecimiento de los países latinoamericanos y su consiguiente retraso tecnológico, cuya superación y modernización será la carta fundamental a la que apostarán años más tarde, las dictaduras militares.
Ahora bien, las diferencias sociales y la pauperización del trabajador exaltaron en la lucha de clases, la adopción de ideologías marxistas y posteriormente la lucha armada (revolución cubana, movimientos guerrilleros en Perú, Bolivia y Venezuela) del trabajador convertido en obrero, contra una oligarquía convertida en Burguesía. La incorporación de las doctrinas socialistas a Latino América, acarrea a las décadas venideras, demandas sociales, manifestaciones masivas y la aparición del populismo, aquí se presenta a algunos regímenes militares en países de Latinoamérica, caso de Bolivia, con la dictadura del general Hugo Banzer, entre 1971 y 1978. En Paraguay el general Alfredo Stroessner, quien gobernó ese país durante treinta y cinco años, desde 1954 hasta 1989. En Chile fue el General Augusto Pinochet que gobernó desde 1973 a 1990. En caso de Perú durante el siglo xx hubo varios gobiernos dictatoriales Sanchéz Cerro que derrocó a Leguía, Oscar R. Benavides, Odría, luego el General Juan Velasco Alvarado, desde 1968 a 1975, denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, luego gobernado por Francisco Morales Bermúdez. En Argentina fue el General Jorge Rafael Videla de 1976 a 1983. Otro dictador militar que se mantuvo por mucho tiempo fue Anastasio Somoza García, quien gobernó Nicaragua entre 1936 y 1956 y estableció una dinastía familiar que gobernó el país hasta 1979. También en Colombia entre 1953 y 1957 el general Gustavo Rojas Pinilla.
Desde esta perspectiva, a partir de los años 50 de la centuria pasada, combatir la expansión del Marxismo-Leninismo en América Latina se convirtió, en uno de los principales móviles de las intervenciones militares. Así quedaban las puertas abiertas para las Fuerzas Armadas en la represión de los movimientos insurgentes y de los partidos de tendencia izquierdista en general, que serán precisamente, su principal blanco de exterminio. El modelo cubano y la posibilidad del avance comunista eran contemplados con preocupación por los sectores conservadores que ante el temor a la revolución, aprobaban la represión militar.
De tales definiciones desprendemos que con la inserción de la izquierda en Latinoamérica, países como Perú, llegaron a polarizarse hasta el punto de dividirse en grupos antagónicos: al parecer que el resultado final de este conflicto fue la integración del conjunto de la clase propietaria alrededor del ejército, en su lucha contra las fuerzas populares organizadas por el Apra y el PC. De manera que este enfrentamiento quizá sentó los fundamentos de un conflicto que tomó simultáneamente, un carácter clasista e institucional -Apra y ejército- que definió la lucha política de las próximas décadas. En consecuencia, a partir de entonces la lucha de las clases básicas de la sociedad se expresó mediante el conflicto que contraponía el ejército al Apra, cada uno de ellos asociando en bloque a distintas clases; así el país pasó a dividirse en dos partidos: el aprista y el antiaprista, comandado este último por el ejército[2].
Las dictaduras se comprenden entonces, como la forma de enfrentar el desarrollo de los movimientos izquierdistas que irrumpen en los años 30, con el componente antagónico de la posterior guerra fría y la consolidación de Estados Unidos como potencia internacional tras la segunda guerra mundial. Lo anterior no solo es una anécdota sino un antecedente de importancia al examinar los golpes de estado militares avalados por el imperialismo norteamericano. Lo habitual era que los militares buscaran el consentimiento de la embajada norteamericana antes de dar el golpe de estado, de esta forma obtener una mayor legitimidad y reconocimiento internacional. Esto sin contar con los quiebres del orden institucional que fueron directamente impulsados desde Washington. Estados Unidos reforzó la posición de los militares golpistas invirtiendo millones de dólares en los ejércitos latinoamericanos, especialmente con préstamos que permitieron renovar el viejo armamento disponible. Una excepción a esta situación la protagoniza Perú y el levantamiento militar de 1968. Las determinaciones del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, lejos de contar con el apoyo Norteamericano, significó tensiones gubernamentales que fueron solucionadas posteriormente por la vía diplomática. El siguiente párrafo se refiere precisamente a la expropiación y toma, por parte de la milicia peruana, del complejo petrolero administrado por Estados Unidos. Al contrario de lo que se esperaba, el gobierno norteamericano respondió cautelosamente. Si bien la Standard Oil exigió el cumplimiento inmediato de la Enmienda Hickenlooper, que dictamina el corte de la cuota azucarera norteamericana a un país que no cancele de manera inmediata el valor de una empresa expropiada, las restantes compañías norteamericanas residentes en Perú presionaron ante su gobierno para que ese conflicto se encarrilara por los canales diplomáticos. Asimismo, parece que en el interior del Departamento de Estado, la experiencia cubana llevó a considerar el problema sin precipitación. Había que impedir que por las presiones norteamericanas el gobierno peruano se cubanizara. (...) La decisión de los militares peruanos de actuar de esta manera no respondía por lo tanto a un oportunismo político sino a la convicción de que era necesario correr el riesgo, tal vez desmesurado, a partir del cual podían estar seguros de poder realizar la denominada segunda independencia de Perú.
Del análisis anterior precisamos que la reacción norteamericana siguió siendo de extrema cautela. Estados Unidos buscó la manera de resolver las diferencias por la vía diplomática y de alejar la posibilidad de llegar a una situación de no retorno[3]. Ahora bien, si las dictaduras llegaron a concretarse, no es tan solo por el apoyo norteamericano, es porque encontraron un espacio apropiado en la sociedad latinoamericana, heredera de algo más que diferencias sociales de la etapa oligárquica. Una sociedad jerarquizada, que asume y acepta el paternalismo benefactor de la clase gubernamental. Una sociedad que hereda también el desprecio hacia el indígena, que si bien se mantuvo siempre en lucha constante por el acceso a la tierra, frente a la autoridad gubernamental usurpadora, fueron las dictaduras quienes reprimieron más fuertemente las comunidades existentes. En Chile, la represión militar más severa a las comunidades indígenas comenzó meses antes del golpe de estado de 1973. Esta operación militar que se dio en la zona de la costa, todavía en democracia, dos semanas antes del golpe del 11 de septiembre, era parte de una serie de allanamientos hechos por las Fuerzas Armadas bajo la justificación de la ley de control de armas[4].
La imagen del dictador aunque la presencia militar es constante en toda la historia de la Latinoamérica independiente, es en las décadas de los 60 y los 70 que los golpes militares se hicieron algo corriente. Un general, o coronel, con apoyo de sus compañeros se lanzaba a la conquista del poder. O bien, una corporación militar en pleno, intervenía en la vida política. Sin embargo, y a pesar de resaltar que las intervenciones han sido generalmente corporativas, en el imaginario Latinoamericano ha perdurado indeleble la figura del Dictador.
Cebe precisar que la represión militar en Latinoamérica entre las décadas 60 – 80 del siglo XX, existieron cooperaciones entre los dictadores sudamericanos para establecer una organización represiva internacional denominada “Operación Cóndor”, que ejecutó un plan sistemático y minuciosamente organizado para lograr la vigilancia, detención y tortura de los opositores al régimen, más allá de las fronteras.
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